“Artículo 7.- Son competentes para conocer de la acción de amparo, los (i) Tribunales de Primera Instancia (ii) que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de las garantías constitucionales violados o amenazados de violación, (iii) en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo.
En caso de duda, se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia en razón de la materia.
Si un Juez se considerare incompetente, remitirá las actuaciones inmediatamente al que tenga competencia.
Del amparo de la libertad y seguridad personales conocerán los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal, conforme al procedimiento establecido en esta Ley”. (Subrayado de esta Sala).
Del análisis del mencionado artículo se impone colocar en relación de afinidad o proximidad dos elementos: la materia de competencia del tribunal, especial u ordinaria, y la naturaleza del derecho o de la garantía constitucional violada o amenazada de violación; en otras palabras, se trata de atribuirle la competencia de las acciones de amparo a los Tribunales que se encuentren más familiarizados por su competencia con los derechos o garantías constitucionales que sean denunciados (vid. Sentencia S. Const. N° 2.583/12-11-04, caso: Rafael Isidro Troconis Durán).
De esta forma, queda establecido claramente que la intención de la Ley, fue atribuirle competencia en materia de amparo, a aquel Juez que tuviera mejor conocimiento del derecho o garantía constitucional a ser debatido durante el proceso de amparo constitucional (afinidad).
En el presente caso, se observa de las actas procesales del expediente que la pretensión de la accionante para interponer la acción de amparo constitucional se desprende, que el supuesto de hecho que causa la lesión constitucional, es que por parte del presunto agraviante al haber suspendido la beca de estudios que no le ha permitido finalizar sus estudios en la Universidad de Falcón, lo cual es un beneficio que goza el personal administrativo, académico, obrero y estudiantes hijos de docentes de la referida casa de estudios.
Como puede observarse, el quid del asunto está vinculado con el supuesto menoscabo de los derechos que tiene la parte accionante en su condición de hija de un docente de la Universidad de Falcón, siendo evidente que los hechos expuestos en el escrito libelar se encuadren en los supuestos normativos que configuran una relación laboral, en los términos que establece esa legislación especial, porque el beneficio de la beca deviene por la relación de trabajo del progenitor de la accionante.
En tal sentido, se aprecia que la Universidad de Falcón, otorga un beneficio de beca a con quienes mantiene una relación de trabajo, así como sus descendientes como un mecanismo de remuneración no convencional, lo cual es cónsono con lo previsto en el artículo 105 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras, el cual establece:
“Artículo 105: Se entienden como beneficios sociales de carácter no remunerativo:
1.- Los servicios de los centros de educación inicial.
2.- El cumplimiento del beneficio de alimentación para los trabajadores y las trabajadoras a través de servicios de comedores, cupones, dinero, tarjetas electrónicas de alimentación y demás modalidades previstas por la ley que regula la materia.
3.- Los reintegros de gastos médicos, farmacéuticos y odontológicos. 4.- Las provisiones de ropa de trabajo.
5.- Las provisiones de útiles escolares y de juguetes.
6.- El otorgamiento de becas o pago de cursos de capacitación, formación o de especialización.
7.- El pago de gastos funerarios.
Los beneficios sociales no serán considerados como salario, salvo que en las convenciones colectivas o contratos individuales de trabajo, se hubiere estipulado lo contrario.” (Resaltado y subrayado de la Sala).
Conforme a lo expuesto citados, esta Sala considera que le asiste la razón al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y Marítimo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, en cuanto que la tutela constitucional solicitada tiene estrecha relación con el Derecho Laboral, siendo que el elemento determinante de la competencia por la materia en el presente caso, deviene por la presunta negativa del Universidad de Falcón, en continuar otorgando la beca de estudio como beneficio social a la accionante dada su condición de hija de un docente de la referida casa de estudios, por ende debe advertirse que la materia afín con el derecho reclamado es la protección constitucional al referido beneficio que se deriva de la relación de trabajo entre el progenitor de accionante en su carácter de docente y la presunta agraviante, lo cual se encuentra previsto en la legislación laboral y estos asuntos deben ser resueltos por los tribunales del trabajo de conformidad a lo previsto en el artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en sus numerales 3 y 4, por ello la acción de amparo constitucional debe ser resuelta por los jueces con competencia en la materia laboral. Así se decide.
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