“Artículo 7.- Son competentes para conocer de la acción de amparo, los (i) Tribunales de Primera Instancia (ii) que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de las garantías constitucionales violados o amenazados de violación, (iii) en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo.
En caso de duda, se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia en razón de la materia.
Si un Juez se considerare incompetente, remitirá las actuaciones inmediatamente al que tenga competencia.
Del amparo de la libertad y seguridad personales conocerán los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal, conforme al procedimiento establecido en esta Ley”. (Subrayado de esta Sala).
Del análisis del mencionado artículo se impone colocar en relación de afinidad o proximidad dos elementos: la materia de competencia del tribunal, especial u ordinaria, y la naturaleza del derecho o de la garantía constitucional violada o amenazada de violación; en otras palabras, se trata de atribuirle la competencia de las acciones de amparo a los Tribunales que se encuentren más familiarizados por su competencia con los derechos o garantías constitucionales que sean denunciados (vid. Sentencia S. Const. N° 2.583/12-11-04, caso: Rafael Isidro Troconis Durán).
De esta forma, queda establecido claramente que la intención de la Ley, fue atribuirle competencia en materia de amparo, a aquel Juez que tuviera mejor conocimiento del derecho o garantía constitucional a ser debatido durante el proceso de amparo constitucional (afinidad).
En el presente caso, se aprecia que la pretensión del accionante se encuentra dirigida contra las actuaciones y vías de hecho por parte de los ciudadanos Jhonny Bermúdez, en su condición de Director del Liceo José Luis Ramos y la ciudadana Scarleth Miranda, en su carácter de coordinadora de formación del IDENNA del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente, y a ello se agrega las presuntas omisiones de los funcionarios de la zona educativa a cargo de Leonardo Alvarado, en su carácter de Autoridad Única en materia de educación en el estado Aragua.
Como puede observarse, el quid del asunto está vinculado con el supuesto menoscabo de los derechos laborales de la ciudadana Ámbar Vanessa Rodríguez, en su carácter de docente en la relación de trabajo que mantiene impartiendo clases en el Liceo Nacional José Luis Ramos, ante presunto acoso laboral por el despojo de las horas docentes de seis (6) secciones donde imparte clases a aproximadamente a 154 estudiantes y colocar a la accionante a la orden de la zona educativa del estado Aragua.
Tomando en consideración el contenido de los derechos presuntamente vulnerados o amenazados (el derecho al trabajo) este órgano jurisdiccional estima que los mismos apuntan a considerar que la acción de tutela constitucional debe ser conocida, por la jurisdicción laboral por que las actuaciones cometidas por los presuntos agraviantes se circunscriben a la solicitud de tutela judicial en la especialidad propia del derecho laboral en la relación de trabajo que mantiene la accionante con la zona educativa del estado Aragua, que forma parte del Ministerio del Poder Popular para la Educación. En consecuencia, es el juez laboral el llamado a conocer cualquier conflicto trabajador-patronal, dado que es el único que posee las herramientas técnicas para ponderar de forma ajustada a la Constitución, los conflictos de carácter laboral que se derivan de la relación de trabajo.
Cónsono con lo anterior, conviene puntualizar que el artículo 42 de la Ley Orgánica de Educación, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, n.° 5.929 Extraordinario del 15 de agosto de 2009, establece:
Relaciones de trabajo y jubilación
Artículo 42. Los y las profesionales de la docencia se regirán en sus relaciones de trabajo, por las disposiciones de esta Ley, por las leyes especiales que regulen la materia, la Ley Orgánica del Trabajo y demás disposiciones legales que le sean aplicables. El personal docente adquiere el derecho de jubilación con veinticinco años de servicio activo en la educación, con un monto del cien por ciento del sueldo y de conformidad con lo establecido en la ley especial. (Resaltado y subrayado nuestro).
Conforme a los precedentes citados, esta Sala considera que le asiste razón al Tribunal Cuarto de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral del Estado Aragua, dado que la materia a dilucidar es un asunto de juzgamiento y por la competencia funcional el llamado a conocer de la tutela constitucional de los derechos laborales es el juez de juicio, ello de conformidad a lo dispuesto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras, en su artículo 8, el cual señala:
Acción de amparo autónomo
Artículo 8.- Los derechos y garantías consagrados en materia laboral podrán ser objeto de la acción de amparo constitucional interpuesta ante los jueces y juezas con competencia laboral, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley que rige la materia de amparo sobre derechos y garantías constitucionales y la Ley que rige la materia procesal del trabajo. (Resaltado y subrayado nuestro).
En tal sentido, cierto que la tutela constitucional solicitada se encuentra en circunscrita en el derecho del trabajo, porque las presuntas denuncias se derivan de la relación que tiene la accionada en su carácter de docente de la zona educativa del estado Aragua, lo cual se encuentra concatenado con el artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, numeral 3:
Artículo 29. Los Tribunales del Trabajo son competentes para sustanciar y decidir:
3. Las solicitudes de amparo por violación o amenaza de violación de los derechos y garantías constitucionales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
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